La Asamblea General de la ONU del 2000, establecía el 20 de junio de cada año como Día Mundial del Refugiado, para expresar solidaridad hacia las muchísimas personas que se ven obligadas a huir de su país para sobrevivir. La fecha fue elegida porque se cumplían los 50 años de la Convención de Refugiados de la ONU.
Es casi siempre la guerra lo que les obliga a desplazarse; pero también el miedo a ser perseguidos, heridos o incluso asesinados por sus ideas políticas o su pertenencia a una etnia, religión o grupo social determinados.
De los casi 50 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo, la mayoría son mujeres y niños -una vez más, los niños-, pues los hombres se hallan en el frente o han muerto durante los combates. Así que son estos dos colectivos los que más necesitan la protección de la Comunidad Internacional; una protección que, en el caso de los menores es subsidiaria.
Si la Convención de los Derechos del Niño afirma con claridad que hay que salvaguardar siempre el interés del menor (cf. art. 3), al cual hay que reconocer los derechos fundamentales de la persona de la misma manera que se reconocen al adulto, lamentablemente en la realidad esto no siempre sucede. Aunque en la opinión pública crece la conciencia de la necesidad de una acción concreta e incisiva para la protección de los menores de edad, de hecho, muchos de ellos son abandonados y, de varias maneras, corren el riesgo de ser explotados.
Ya Juan Pablo II escribía en 1990 al Secretario General de las Naciones Unidas, con ocasión de la Cumbre Mundial para los Niños, que “ellos son los más vulnerables, porque son los que menos pueden hacer oír su voz". Y es que, del total de refugiados, casi la mitad son niños y niñas.
Los últimos conflictos y guerras han provocado, directa o indirectamente, más de dos millones de niños muertos y seis millones de menores heridos. Otros muchos han perdido a sus padres o, -lo que es mucho más dramático- en la confusión de la huida, se separaron de ellos para no volverse a encontrar: así es para un millón de huérfanos.
Niños y niñas son, a veces, secuestrados y obligados a luchar como niños soldados o a trabajar como esclavos sexuales. Alrededor de 300.000 niños y niñas se encuentran en esa situación.
Jornadas como ésta pueden ayudarnos a tomar conciencia de los problemas con los que debe enfrentarse un menor refugiado o emigrante, especialmente los menores -niños y niñas, adolescentes y jóvenes- que logran llegar a nuestro país o a otros países europeos huyendo de tan dramático destino; y, además del desafío social que plantea la condición de estos menores, entre nosotros, en nuestro entorno, en nuestras calles, en nuestros centros escolares, y en países -campos de refugiados- que, por lo general, carecen de las condiciones más elementales para poder sobrevivir, no digamos ya con dignidad. Aunque la realidad, los datos contrastados, dicen que son muy pocos los que consiguen protección en nuestro continente, a pesar de lo que diga el art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño; y así, muchos de ellos, abandonados a su suerte, corren el riesgo de ser explotados.
También Benedicto XVI se ha mostrado muy sensibilizado con este tema. Y ya en su mensaje con ocasión de la Jornada Mundial del emigrante y del refugiado, de octubre del año pasado, se dirigía especialmente a las parroquias y a las numerosas asociaciones católicas que, animadas por espíritu de fe y de caridad, realizan grandes esfuerzos para salir al encuentro de las necesidades de estos hermanos y hermanas nuestros: “Una categoría especial de menores es la de los refugiados que piden asilo, huyendo por varias razones de su país, donde no reciben una protección adecuada. Las estadísticas revelan que su número está aumentando. Se trata, por tanto, de un fenómeno que hay que estudiar con atención y afrontar con acciones coordinadas, con medidas de prevención, protección y acogida adecuadas, de acuerdo con lo previsto en la Convención de los Derechos del Niño (cf. art. 22)”.
Jornadas como ésta del 20 de junio pueden, pues, ayudarnos a tomar conciencia, respetando -y exigiendo a quien corresponda que se hagan respetar- los derechos de los emigrantes y los refugiados, sobre todo si se trata de menores de edad; y apurando a los responsables de las naciones y de los organismos e instituciones internacionales a que promuevan las iniciativas necesarias en apoyo de este grupo social en situación -siempre- de vulnerabilidad.
